Uruguay es un país mas rico, pero con mas gente pobre.

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos de pobreza y desigualdad del 2023. 

Estos datos muestran una tendencia creciente de la desigualdad y un crecimiento de la pobreza a pesar del crecimiento de la economía

Más pobres

Según el INE, el 2023 cerró con la cifra de 348 mil personas pobres, casi 50 mil más que en 2019. De estas 50 mil, 17 mil son menores de 18 años. En términos de hogares la pobreza es 7%, cifra también estancada respecto a 2022 y superior a 2019. 

En todos los tramos etarios que define el informe del INE la pobreza de 2023 es superior a la de 2019, todos ellos en porcentajes de crecimiento superiores al 13%, “pero lo más relevante está en el tramo de 0 a 18 y  particularmente de 0 a 6 que pasó de 17% a 20.1%”, apuntó.  Uno de cada cinco niños es pobre en Uruguay

La pobreza en hogares con jefatura femenina es 8.8%, con jefatura masculina es 4.8%. O sea que hay, claramente, una diferencia en perjuicio de los hogares con jefatura femenina. 

Desigualdad

¿Por qué hay más pobreza si hay más riqueza en el país? La respuesta es clara: porque empeora la situación de desigualdad, la riqueza que se produce se ha distribuido de manera desigual. Lo primero que dice el índice Gini, que es un índice que mide la desigualdad, que daría cero si todos ganamos lo mismo y daría 1 si un señor o señora tiene toda la riqueza, es que subió de 0.382 a 0.394, es una diferencia bastante significativa que marca una tendencia.

El otro índice es cuánto gana el 10% más rico respecto al 10% más pobre.  La pobreza aumenta desde 2019, la desigualdad aumenta desde 2019 con una economía que es 2.8% más rica.

En un país más rico, hay 50.000 pobres más y los salarios están igual que el año 2019.Se transfirieron 2000 millones de dólares del trabajo al capital. Para disminuir la pobreza se requiere aumento de salarios sobre todo en los hogares más vulnerables, empleos de calidad, mayores montos de cobertura en las prestaciones sociales, lo cual impactara indudablemente en la pobreza infantil.

 

El modelo de la desigualdad se hace presente en el Uruguay.

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de nuestro país publicó las nuevas cifras sobre pobreza y desigualdad correspondientes al 2023. Los datos nos traen nuevamente, como ha sido una constante en este gobierno, malas noticias, en particular para los más desfavorecidos. No todo está mejor que en 2019. 

Según las nuevas estimaciones, las personas que viven por debajo de la línea de pobreza son 10.1% del total del país, unas 350.000 personas, 50.000 más que en 2019. En relación con el año 2022, la cifra se mantiene relativamente estable, ya que 12 meses atrás se ubicaba en torno al 9,9%, un aumento del 0,2%. 

Con respecto al año 2019, la pobreza aumentó 1,3%, ya que se ubicaba en 8,8%. En el 2020, pandemia mediante, los niveles de pobreza treparon al 11,6%, y si bien mejoraron desde entonces, nunca volvieron al nivel del 2019. Las estimaciones de pobreza se obtienen a partir del cómputo de hogares que perciben ingresos por debajo de un nivel, denominado línea de pobreza, que para un hogar de una persona de Montevideo, dicho umbral se ubica en $ 19.519 por mes.

En cuanto a las características estructurales de la pobreza, algunos de sus rasgos estructurales no sólo no se han solucionado, sino que muestran signos de agravamiento. La pobreza infantil, para aquellos niños menores de 6, se ubicó en 20,1%, sin cambios significativos con el 2022, pero aumentando más del 3% con respecto al 2019, cuando se ubicaba en 17,0%. La pobreza también sigue siendo más severa en las personas afrodescendientes, se ubica en el 19,7%. También es mayor en los hogares en los que la referente es mujer, ya que casi duplica la pobreza de los hogares donde el referente es varón (8,8% contra 4,8%). 

Se ha instaurado un modelo de desigualdad: mientras el ingreso total de la Economía ha sobrepasado los niveles del 2019 (se estima que el PBI va a ser más de un 2% mayor que el de 2019), esto no ha derramado hacia la población de menores recursos. Estos resultados no son sólo responsabilidad de los problemas del dinamismo en la actividad económica. 

Es importante observar eñ Gasto Público que se destina a los temas sociales, el porcentaje del Gasto Público Social (GPS) con respecto al Producto Bruto Interno (PBI), es bajo. Sobre este indicador no se conocen estimaciones oficiales, sin embargo autoridades del gobierno han reconocido que el GPS con respecto al PBI era 25,8% en 2019 contra el 25% actual.

En este punto puede ser útil mirar lo que ha sucedido con los datos de desigualdad, que también fueron publicados durante esta semana por el INE, y que reflejan el punto que se desprende del párrafo anterior. De la única forma en la que puede aumentar la pobreza al mismo tiempo que aumenta el ingreso total de la economía, es con una distribución menos igualitaria del valor generado. La torta es más grande pero el pedazo que les toca a los que están más abajo en la distribución es menor. 

La desigualdad, medida a través del Índice de Gini (que vale 0 para una sociedad en la que todo el ingreso se distribuye de forma igualitaria y 1 si el ingreso se concentra en una sola persona) no ha parado de crecer en este período de gobierno. Este índice, que en 2019 se ubicaba en 0,383, trepó a 0,394 en el 2023. Un aumento de 1,1 no es nada despreciable dada la estabilidad que suele mostrar el indicador. Para que se mueva deben suceder hechos económicos de relevancia. 

Esta situación del Índice de Gini contrasta con lo sucedido durante el período 2007-2012, donde se logró reducir de 0,456 a 0,379. Incluso cuando la situación económica no permitió redistribuir más ingresos, la desigualdad se logró mantener relativamente estable. 

El resto de los indicadores de desigualdad publicados por el INE van en la misma dirección, aumento de la concentración de ingresos. Por ejemplo, el ratio de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre también aumentó durante este período de gobierno. En el 2019, lo que se apropiaba el 10% más rico era 11,1 veces más que lo que obtenía el 10% más pobre. Esta diferencia aumentó al 11,7% en el 2023.

Lo que ha sucedido con la desigualdad es aún más preocupante que lo sucedido con la pobreza, porque si bien la situación de la personas en situación de pobreza logró mostrar un abatimiento (aunque parcial) del deterioro sufrido en la pandemia, la desigualdad no ha parado de crecer. 

Estos resultados no son una mera casualidad estadística. Son resultado de las políticas aplicadas. Por ejemplo, a las ya señaladas referidas a la reducción del gasto público social. 

Podría argumentarse que la pandemia representó una crisis global y externa a posibilidades de gestión del actual gobierno. Sin embargo, los expertos sostienen que mientras la gran mayoría de los países del continente han retornado los niveles pre pandemia, Uruguay no. De hecho, según un informe de la CEPAL del 2022, Uruguay era uno de los tres países que no había retornado a los niveles de desigualdad pre pandemia. 

Los malos resultados en pobreza y desigualdad que el país presenta hoy en día no pueden por lo tanto asignarse a eventos que este gobierno no haya podido controlar. Los resultados son sanos hijos del modelo que actualmente se aplica en Uruguay. El modelo de la desigualdad que ya dice presente.

Fuente: “El modelo de la desigualdad dice presente” Rodrigo Gorga /Economista/.

 

Queda un mes para llegar a las 270.000 firmas.

 

Se anunció este martes 2 de abril que se han recolectado 246.527 firmas y, por lo tanto, se está a 23.473 adhesiones de llegar al número necesario para que se habilite un plebiscito para reformar la seguridad social. La propuesta busca fijar en 60 años la edad jubilatoria, igualar las jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional y eliminar las AFAP.

En abril se tienen que construir la hazaña de pegar el estirón de superar con creces, con mucha luz, las firmas que se necesitan, para así garantizar que el último domingo de octubre el pueblo pueda ir hacia una reforma que ponga a la seguridad en la Constitución de la Republica. En el último tramo de la campaña de recolección de firmas, el 13 y 14 de abril se harán “jornadas nacionales” de recolección de firmas, más allá de las “barriadas” que se realizan “todos los días”. Sería una hazaña porque viene a contrapelo de la decisión del Parlamento. Viene con una militancia espartana, con pocos recursos, con mucho amor.

La Constitución exige 270.000 firmas para realizar una consulta popular en simultáneo a la elección nacional, que se llevará adelante el 27 de octubre.

 

El movimiento obrero, debe ser considerado el advenimiento del pueblo trabajador.

 

El movimiento obrero debe ser considerado como el advenimiento del pueblo trabajador a la vida pública, y así visto ese movimiento adquiere una importancia nacional. Va a entrar en la vida pública, en efecto, esa enorme masa de hombres que había creído hasta ahora en sus intereses que sus intereses consistiría,  y su deber, en trabajar en silencio, ajenos a toda agitación popular, el estrecho esfera de acción en que ejercían su oficio. He aquí una clase social numerosísima y poderosa, por tanto que había vegetado hasta ahora entre nosotros sin que se ocupase solidariamente sus intereses ni de dar muestras de vida, y que de pronto despertada por el rumor de las luchas que sostiene esa misma clase social en casi todas las naciones del mundo civilizado se dispone a hacer valer sus aspiraciones y derechos de una manera inteligente y eficaz. Saludémosla

(Reconocimiento del José Batlle y Ordoñez al Movimiento obrero en 1896. Fuente: Delia-Miraldi (1980) Historia del movimiento obrero en el Uruguay. Montevideo, EBO página 55)

Requisitos para que se configure el despido indirecto.

 

Sabido es que la figura del despido indirecto, requiere la concurrencia de tres requisitos que en su iter cronológico podríamos enunciar de la siguiente forma: a) la existencia de graves incumplimientos por parte del empleador, b) la decisión del trabajador o trabajadora de no soportar dichos incumplimientos lo que determina su voluntad rescisoria del vínculo y c) la efectivización de dicha decisión abandonando su puesto de trabajo.

Enseña el Prof. Plá Rodríguez que “el incumplimiento del empleador es el elemento básico y originario de esta figura. Constituye el ingrediente objetivo y fundamental sin el cual no puede ni empezarse a considerar si existe el despido".

El incumplimiento del empleador debe reunir las siguientes características:

a) Debe ser grave. Ha de generar una situación intolerable, insoportable. Todas las definiciones coinciden en poner énfasis en la imposibilidad de continuar la relación laboral, siendo razonablemente imposible al trabajador continuar en el cargo.

b) Puede consistir en un solo acto de incumplimiento o en una serie de actos menores pero cuyo conjunto produzca el mismo resultado. Como dice Mazzoni, puede concretarse en una serie de hechos, cada uno de los cuales, considerado aisladamente no tendría particular gravedad pero que en su conjunto crean una situación incompatible con la prosecución de la relación".

c) Puede estar constituido por actos positivos (agravios o injurias al trabajador) o por actos negativos (omisión de pagar el salario debido en el momento oportuno)".

d) No requiere necesariamente la intención de forzar al trabajador a dejar su trabajo" (El despido indirecto en "Revista Derecho Laboral", T. XXIV, No. 122, págs. 288/289).

(Fuente: Anuario de Jurisprudencia Laboral 2021 caso:168)

 

Empate salarial, ganancia de los empresarios

 

El 1º de noviembre de 2019 los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y De la Gente dieron a conocer el documento “Compromiso por el país”, anunciando qué se proponían hacer si el vencedor del balotaje resultaba -como resultó- Luis Lacalle Pou, a quien ya habían acordado apoyar en esa segunda vuelta. Acerca de salarios no dijeron mucho, pero casi nada de lo que dijeron se cumplió.

En aquella ocasión prometieron “defender el poder de compra del salario y, en particular, de los salarios más sumergidos”, y poner “énfasis en mejorar los niveles de productividad” para que el salario real creciera, aunque también advirtieron que procurarían avanzar hacia convenios que reflejaran “la diversidad de situaciones y las condiciones económicas particulares de los diferentes sectores”, y en la campaña previa había quedado muy claro a qué se referían: la idea era propiciar “descuelgues” de los convenios para que algunas empresas pudieran pagar por debajo de lo acordado en general.

Después pasó lo que sabemos: ya en 2020 hubo una caída del poder de compra de los salarios tanto en el sector privado como en el público, y la situación se agravó en los dos años siguientes, porque el ritmo de la inflación aumentó al tiempo que las remuneraciones se mantenían deprimidas.

Recién el año pasado comenzó a revertirse ese proceso, en buena medida porque el aumento de precios amainó, debido a un manejo de la política monetaria que a su vez causó otros problemas, pero sin que el promedio del salario real llegara al nivel de 2019. Lo perdido, perdido está, y aunque el actual oficialismo decía entonces que los trabajadores estaban mal, ahora dice que están mejor, pero compara con lo que pasó durante su propio gobierno.

Como era lógico, la pobreza aumentó debido a la caída del salario real, que por decisión gubernamental arrastró a las jubilaciones y pensiones (la Constitución obliga a que su reajuste anual no sea inferior a la variación del índice medio de salarios, pero no prohíbe, por supuesto, que sea superior).

Esto sucedió al mismo tiempo que el PIB crecía, impulsado por exportaciones sin precedentes en materia de volumen y precios, de modo que hubo una fuerte transferencia de recursos. Una minoría se enriqueció mientras la mayoría se empobrecía. En suma, aun si aceptáramos que hubo voluntad de defender el poder de compra del salario, en eso se fracasó, y los trabajadores no recibieron una parte del aumento de la productividad que aumentara su poder de compra.

En este año electoral, el oficialismo apuesta a que la memoria de los votantes sea corta y registre sobre todo que en los últimos meses su situación mejoró. No es, por cierto, un recurso novedoso el de aflojar la presión al final de un mandato.

La idea es que la gente acepte que sus penurias fueron producto de la pandemia, el ataque de Rusia a Ucrania y otros factores internacionales que el gobierno no podía controlar, se alegre de estar menos mal y festeje el empate salarial sobre la hora, sin tener presente que, en la tabla quinquenal, va a terminar perdiendo por una considerable diferencia de goles.

Extraído de La Diaria, 19 de febrero de 2024.

Título original: Un empate sobre la hora que no consuela, autor Marcelo Pereira

 

 

El despido indirecto

 

El despido indirecto se produce en aquellos casos donde el empleador ha incumplido de forma tal con sus obligaciones, que ha determinado que el trabajador opte por dejar su empleo, atribuyendo la voluntad rescisoria, en estos casos, a la actuación del empleador y no al trabajador, en tanto la voluntad de este se ve dirigida por la conducta incumplidora, que torna imposible la continuidad de la relación, en base, precisamente a esos incumplimientos que pasan a no ser tolerados por el trabajador.

Aún así, debe verse que el vínculo aparentemente se interrumpe por la decisión del trabajador, en tanto es éste quien abandona el trabajo, pero como esa voluntad no es libre, sino que está impulsada por los incumplimientos patronales, no puede atribuírsele virtualidad rescisoria al empleado, que solo actúa a consecuencia de la previa infracción cometida por su empleador, en tanto éste, en el marco del contrato de trabajo, adopta una actitud incumplidora, que permite concluir que el fin del vínculo opera a consecuencia de ella, dado que la situación se torna insoportable para quien está en condición de inferioridad.-

Según Plá Rodríguez “el despido indirecto se configura siempre que el empleador viola el contrato de trabajo” (Curso de D. Laboral, T. II, Vol. I, Pág. 249), justificando la existencia de la figura en tanto , “la equiparación de estos hechos con el despido no solo deriva de la aplicación de la regla “non adimpleti contractus”, sino del hecho de que , de no aplicarse ese criterio, sería muy fácil eludir las disposiciones que limitan o sancionan el despido: se tomarían aquellas medidas que tornaran insostenible la continuación del trabajador en la empresa para que el trabajador se viese obligado retirarse él mismo del trabajo” (Op. Cit. Pág. 249).-

(Fuente: Anuario de Jurisprudencia Laboral 2021 caso 157)